Proyectos de Infraestructura – IIRSA

“Los pueblos indígenas, no estamos en contra de la IIRSA.
Es la IIRSA la que está en contra de los pueblos indígenas”
Miguel Palacín (2009). Coordinador General de la CAOI ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los proyectos de Infraestructura comprenden la construcción y mejoramiento de carreteras, ferrovías, oleoductos, gasoductos, tendidos eléctricos, hidrovías, puertos, aeropuertos, represas, centrales hidroeléctricas y otros. Suelen tener impactos ambientales, y resultan en una amenaza para los Pueblos Indígenas cuando estas obras se hacen sobre o en las inmediaciones de sus territorios.

En el año 2000, durante la primera Cumbre Sudamericana, las 12 repúblicas que integran la actual Unión de Naciones Suramericanas, crearon la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), con el objetivo de desarrollar proyectos para el mejoramiento de la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones; promover la integración regional; y facilitar la extracción de recursos naturales. Esta iniciativa cuenta con apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata. Se organiza en 10 Ejes de Integración y Desarrollo.

Mapa de los Ejes de Integración y Desarrollo de la IIRSA

Fuente: Red Geoespacial de América del Sur (2011).

Cada eje contiene varios proyectos de Integración Energética, Pasos de Frontera, Tecnologías Información y Comunicaciones, Transporte Aéreo, Transporte Marítimo y Transporte Multimodal. Para ver los Mapas de cada Grupo de Proyectos haz click Aquí ó visita la página Web de la IIRSA.

Con respecto a los impactos de la IIRSA sobre los pueblos indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó en Noviembre del 2010 una Audiencia para analizar este tema. Los peticionarios (la Organización Indígena de la Chiquitanía – OICH, la Red de Defensa Jurídica de la Amazonía y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI), indicaron que los megaproyectos vulneraban:

♦ El derecho a no ser desplazados.
♦ El derecho a la propiedad colectiva de la tierra, cuando se planifican y ejecutan sobre territorios indígenas aún no titulados.
♦ El derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, cuando no se realizan consultas, o se realizan consultas inadecuadas dirigidas a personas y no a las comunidades
♦ El derecho a la libre determinación y el autogobierno, al desconocer las formas propias de desarrollo, atentando contra la cosmovisión indígena del Buen Vivir; y al desconocer a las autoridades y los procesos de toma de decisiones de los pueblos indígenas.
♦ El derecho a la integridad personal y a la salud, por la contaminación y la pérdida de la biodiversidad en zonas de caza, pesca y recolección1,2.

Rodolfo López, Cacique General de la OICH indicó que la Carretera Interoceánica Santa Cruz-Puerto Suárez afecta a 31 comunidades en su recorrido (Chiquitanos, Ayoreos, Guaraníes), sin proceso adecuados de consulta. Representa una amenaza a la integridad de las comunidades porque permite la invasión de compradores de tierras, inmigrantes, cazadores deportivos; y contamina los ríos con combustibles. Consideró que el mayor daño ha sido la división social y la creación de conflictos internos. Agregó que se han destruido viviendas indígenas en tierras que no estaban tituladas por lo cual no accederán al beneficio de las compensaciones1.

Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI indicó que la Carretera Interoceánica Sur para unir tres puertos peruanos con Brasil, afecta territorios de 78 comunidades indígenas, que aún teniendo sus títulos de propiedad, no han sido consultados. Agregó que estos proyectos destruyen sitios sagrados y ponen en riesgo de extinción a los pueblos en aislamiento voluntario.

Como resultado de la Audiencia, la CIDH reiteró a los Estados que la Convención Americana requiere que realicen procesos de consulta , y destacó la debilidad en la protección de los territorios ancestrales, que colocan a los pueblos indígenas en una situación permanente de vulnerabilidad ante los intereses de terceros interesados en los recursos naturales existentes en sus territorios3.

Un ejemplo de los proyectos de la IIRSA que afectan a los pueblos indígenas en la Región de Madre de Dios (Perú), es la planificación de la Central Hidroeléctrica de Inambari4, cuyo impacto esperado, según la CAOI sería la inundación de 46 mil hectáreas de tierra y el desplazamiento forzado de 65 pueblos indígenas Harakmbut, Ese Eja, Shipibo Conibo, y de la comunidad Araza Oetapo; la destrucción de sus hábitats y sitios sagrados1. Recientemente, en Junio de 2011, este proyecto ha sido cancelado por Resolución Ministerial Nº 265-2011-MEM, luego de tres años de denuncias y manifestaciones del Pueblo Carabaya.