En 1531 el Imperio Inca sufrió la llegada de Francisco Pizarro, fundador de la ciudad de Lima, que se convertiría en la capital del Virreinato del Perú, donde durante la Colonia, millones de indígenas fueron explotados, especialmente en las Minas de Plata. Como hito de la resistencia indígena, la esclavitud provocó el levantamiento de miles de indígenas contra la corona española, conducidos por Tupac Amaru en 1780 [1].
Con la independencia proclamada en 1821, la condición de las poblaciones indígenas no mejoró demasiado, y los diversos gobiernos del siglo XIX no desarrollaron políticas favorables a los indígenas. La emigración espontánea y planificada por el Estado, hacia la vertiente amazónica de la Cordillera de los Andes generó conflictos y redujo a los indígenas amazónicos a pequeñas “islas” rodeadas de colonos.
En 1920, la Constitución Nacional reconoció a las comunidades indígenas, y su derecho a la tierra. Cincuenta años después, en 1969, el presidente Juan Velasco Alvarado llevó adelante una Reforma Agraria en la que se crea la figura de Comunidades Campesinas en los Andes y la de Comunidades Nativas en la Amazonía, sin usar en ninguno de los casos la denominación de indígena porque era considerado peyorativo y estigmatizador en ese entonces. La sanción de la Ley de Comunidades Nativas y Campesinas en 1974, puso un freno al avasallamiento de los indígenas por los colonos, y los patrones de las rancherías que explotaban recursos no maderables como el caucho, empleando a los indígenas como peones.
Durante el primer mandato del presidente Alan García (1985-1989), la guerra civil contra Sendero Luminoso, causó la muerte de miles de indígenas.
Luego, el gobierno Alberto Fujimori (1990-2000) significó grandes perjuicios para los indígenas; en especial cuando la Constitución de 1993 anuló el derecho a que las tierras indígenas sean inalienables e inembargables; y la sanción de la Ley de Tierras en 1995 (Ley Nº 26.505) que instaba a descartar el modelo asociativo ancestral de las comunidades, para considerarlas como sociedades de personas o empresas, dentro de las cuales sus miembros, individualmente, podían vender, alquilar o hipotecar sus tierras.
El Gobierno de Toledo (2001-2006) por su parte paralizó los procesos de titulación a pesar de estar vigente el Programa Especial de titulación de Tierras (PETT).
Más recientemente, el presidente Alan García ha desarrollado una política contraria a los derechos de los Pueblos Indígenas del Perú. Basada en su Discurso del Perro del Hortelano (link a sección), sancionó en 2007 una serie de Decretos Legislativos conteniendo disposiciones como las siguientes:
“para la adquisición en propiedad por parte de los miembros de la comunidad no posesionarios o de terceros así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre las tierras comunales, se requerirá el voto a favor de no menos de del cincuenta por ciento de los comuneros posesionarios con más de un año” (Art. 10 Decreto 1073).
“todos los bosques son del Estado salvo los bosques de producción, que ya no son patrimonio del Estado, con lo cual ser permite el cambio de uso” (pudiendo cambiar a uso agrícola) (Art. 6 Decreto 1090).
Los decretos facilitaban la concesión del 74% de la Amazonía para explotaciones petroleras. AIDESEP y sus organizaciones regionales constituyeron una “Comisión Multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la Solución a la problemática de los Pueblos Indígenas”. La Comisión analizó los decretos promulgados por Alan García, concluyendo que todos vulneraban preceptos constitucionales relativos a comunidades campesinas y nativas de conformidad con el Convenio 169 de la OIT; y especialmente respecto al derecho a la Consulta Previa y Participación. Para leer el informe desarrollado por la Comisión haz click Aquí. Para leer el informe Legal sobre los Decretos Legislativos 1090, 1064, 1080, 1081 Y 1089, de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República (Nov. 2008), haz click Aquí.
La amenaza a los derechos y a los territorios y gobernanza indígenas, plasmada en esos decretos, condujo al levantamiento indígena amazónico del año 2009, que culminó en el enfrentamiento conocido como la “Masacre de Bagua” en la que murieron indígenas y policías. Durante su gobierno, no se ha titulado ninguna comunidad.
Referencia
[1] Grupo internacional de trabajo sobre asuntos indígenas (IGWIA). Perú.
