Foto: Kayapo Goroti-re. Gentileza de Christophe Chat-verre.
Hace 5 siglos, antes de la Conquista, 10 millones de indígenas habitaban el Brasil. Desde la llegada de los portugueses, se inició un proceso de ocupación de las tierras indígenas. Por el impacto de ese proceso, se extinguieron pueblos indígenas completos, y los pueblos de la costa se refugiaron al interior del Amazonas. Este proceso duró hasta inicios del siglo XX.
A fines del Siglo XIX, durante el ‘boom del caucho’ los Barones explotaron despiadadamente a los indígenas Amazónicos.
Entre 1960 y 1980 los gobiernos militares impulsaron la industrialización del país, a través de proyectos que implicaron la invasión de territorios indígenas. En 1967 el Gobierno creó la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), con la misión de “integrar al indio en el menor espacio de tiempo para no estorbar el desarrollo nacional”, y desde entonces, el Estado se constituyó como “tutor legal” de los indígenas.
En 1973 se sancionó el Estatuto del Indio, que dividía a los indígenas en “aislados”, en “vías de integración” e “integrados”. Los primeros eran considerados “silvícolas”, y continuaron bajo la tutela del FUNAI hasta el año 2008. Entre los años ‘70 y ‘90, muchos indígenas fueron expulsados de sus territorios para abrir paso a represas, minas, carreteras y haciendas ganaderas.
En 1977 se celebró la primera asamblea indígena nacional, y tres años después se creó la primer Organización Indígena de Brasil: la Unión de Naciones Indígenas (UNI). No obstante, el gobierno declaró que no sería apoyada, ni siquiera permitida.
En 1980 se crea la figura de “Tierras Indígenas”, que según la ley brasileña, son aquellas tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, que las habitan en forma permanente o las utilizan para sus actividades productivas, y que son esenciales para la preservación de los recursos naturales o ambientales necesarios para su bienestar y su reproducción física y cultural, de acuerdo con sus usos, costumbres y tradiciones (Art. 231 de la Constitución Federal).
Al retorno de la democracia, en 1988, la nueva Constitución Nacional les reconoce a los pueblos indígenas sus derechos sobre las tierras que originalmente ocupaban “competiendo a la Unión demarcarlas, protegerlas y hacerlas respetar”.
Con la llegada de Lula da Silva a la presidencia, en el año 2002, Brasil ratificó el Convenio 169 de la OIT, por lo que se esperaba un incremento en el proceso de demarcación de tierras indígenas. Sin embargo, la negativa del presidente a ratificar las tierras de Raposa-Sierra do Sol dejó en claro que esto no iba a ocurrir. El entonces presidente de la FUNAI declaró que “los pueblos indígenas del Brasil tienen demasiada tierra… estamos llegando a un punto en que el Tribunal Supremo deber definir un límite”.
Entre 2005 y 2006 fueron expulsados de sus tierras 48.000 indígenas Terena, Chamacoco, Xavante, Kadiweu y Kaimbé, entre otros; para dar paso a la siembra de cultivos para la producción de etanol.
En el 2007, el gobierno nacional creó la Agenda Social de los Pueblos Indígenas y un Plan de Aceleración del Crecimiento Indígena, con el objetivo de delimitar 127 territorios indígenas hasta el 2010. Pero finalmente durante los 8 años de gobierno, 88 fueron los territorios delimitados y homologados por el Presidente. Al mismo tiempo, se anunció el Plan hidroeléctrico que prevé la construcción de 247 centrales en la Amazonía, que afectan a tierras indígenas. Una de ellas es la Represa de Belo Monte, en el estado de Pará, que anegará 516 km2 sobre 30 tierras indígenas.
Durante el gobierno de Lula da Silva, se registró el más elevado índice de asesinatos a líderes indígenas que demandaban la titulación de sus territorios.
Foto: Raoni, gran jefe Kayapó en oposición a la Represa de Belo Monte.
